Desde antes de la pandemia, la niñez y adolescencia son grupos afectados por la pobreza. Con la llegada de la Covid-19, su situación alcanzó cifras más preocupantes en temas como educación, pobreza, género, entre otros.
Son más vulnerables quienes viven en áreas rurales, tienen alguna discapacidad, están en situación de desprotección o tienen condición de migrantes y refugiados. Según un último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la pobreza extrema está perjudicando sus oportunidades de futuro.
Suman a esta situación, medidas como el aislamiento social, la pérdida de empleos y el incremento de la violencia dentro de los hogares. Por ello, se requiere garantizar una protección especial que mitigue el impacto en sus derechos y reduzca las brechas sociales.
Frente a este panorama, el Colectivo Interinstitucional sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia, propone la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026. El objetivo es fortalecer el sistema de protección integral, los servicios públicos y programas sociales orientados a este grupo de la población. Con esto, se busca garantizar la prevención, atención y restitución de los derechos de todas las personas, en especial, de la infancia y adolescencia. Esta acción, está coordinada por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, integrada por Ayuda en Acción, y otras 27 instituciones.
Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia
Como expresión de ello, se recomendó implementar el conjunto de medidas contempladas en este acuerdo y que en resumen buscan:
- Garantizar el presupuesto necesario y dar prioridad al gasto en actividades vinculadas con el cierre de brechas. Así, fortalecer el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en los que están en situación vulnerable o de riesgo.
- Fortalecer la salud integral y la adecuada nutrición en la niñez y adolescencia. Es decir, respetando su cultura y priorizando las características de cada grupo poblacional.
- Prevenir el contagio de la Covid-19 y otras enfermedades transmisibles mediante la vacunación. Además, promover prácticas saludables y la implementación de servicios básicos.
- Implementar estrategias para reducir las consecuencias de la pandemia en la salud mental. Y lograr ello, haciendo énfasis en las competencias socioemocionales en las niñas, niños, adolescentes, familias, cuidadores y docentes.
- Garantizar una trayectoria escolar sin interrupciones, con competencias que sirvan para tener una vida plena. Desde la primera infancia, asegurar el acceso a la educación de calidad, inclusiva, oportuna y con valores en un ambiente libre de violencia.
- Garantizar las condiciones de conectividad y acceso seguro a internet, y a las tecnologías de la información y comunicación.
- Impulsar políticas de protección para que ningún niño, niña ni adolescente sean víctimas de violencia física, psicológica, sexual y económica. Tales como, desprotección, maltrato, castigo físico y humillante, violación sexual, explotación laboral y sexual, trata de personas, bullying, ciberbullying, grooming, entre otras formas de violencia.
- Garantizar el ejercicio del derecho a la opinión y participación de los niños, niñas y adolescentes en sus hogares, escuelas, comunidades e instituciones públicas.
- Garantizar el derecho al nombre, a la identidad, y universalizar el acceso a un documento de identidad.